Instituciones europeas, participación de la sociedad civil y sociedades, científicas y de usuarios,

Fuente: Montañés, Virginia y Márkez, Iñaki. Instituciones europeas, participación de la sociedad civil y sociedades, científicas y de usuarios, en Markez, I. (Coord.). “Adicciones: Conocimiento, atención integrada y acción preventiva”. Madrid: AEN. 2015, pp.455-474.

Las instituciones públicas en no pocas ocasiones tratan de involucrar al movimiento asociativo de la sociedad en el diseño y elaboración de sus políticas de salud, también en las políticas sobre drogas, buscando mayor efectividad, aceptación pública y reducción de conflictividad social. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de sociedad civil?

Aunque no existe una definición consensuada, Kees Biekart define la sociedad civil, como la totalidad de instituciones sociales y asociaciones, tanto formales como informales, que no están relacionadas estrictamente con la producción, ni tiene carácter gubernamental o familiar. El autor relaciona el concepto de sociedad civil con el de ciudadanía, y afirma que la sociedad civil sólo puede analizarse en relación con el Estado: la sociedad como tal se hace civil al separarse y relacionarse implícitamente con el Estado. De tal manera sociedad se definiría como algo opuesto a autónomo y separado del Estado, y civil como algo que forma parte de un sistema político.

Otra definición más matizada la proporciona el Centro para la Sociedad Civil de la London School of Economics: “la sociedad civil se refiere al escenario de la acción colectiva no coaccionada alrededor de intereses, objetivos y valores compartidos. Sus formas institucionales son distintas de aquellas del Estado, la familia o el mercado, aunque en la práctica, las fronteras entre Estado, sociedad civil, familia y mercado son a menudo complejas, difusas y negociadas. La sociedad civil abarca una diversidad de espacios, actores y formas institucionales, que varían en su grado de formalidad, autonomía y poder. (…) Organizaciones como las fundaciones registradas, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, grupos comunitarios, organizaciones de mujeres, organizaciones religiosas, asociaciones profesionales, sindicatos, grupos de auto-ayuda, movimientos sociales, asociaciones de empresarios, coaliciones y grupos de cabildeo”.

En el ámbito de la salud, la participación ciudadana se refiere al proceso mediante el cual el profesional de la salud y el paciente contribuyen en el proceso de toma de decisiones relacionadas con su salud o la enfermedad; ya sea en términos de los estilos de vida, para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, en términos de elección de los tratamientos o bien para la redistribución de recursos, siendo este último campo el menos explorado y discutido. Este proceso parte del principio de que las personas tenemos la capacidad y voluntad de ejercer, en tanto sea posible, el control sobre lo que tiene que ver con nuestra salud. La relación paternalista entre los profesionales de la salud y los pacientes se acaba en el momento en el cual quien toma la decisión sobre lo que hay que hacer, de acuerdo con sus valores personales y su entorno, es el mismo paciente. Aun así, dado que la información y el conocimiento están en manos de los profesionales, este proceso aquí no es factible si no se acompaña de un cambio estructural importante del Sistema sanitario.

Desde que comenzaran en el Parlamento Europeo las primeras reflexiones sobre una política europea de drogas, la necesidad de consultar e involucrar a la sociedad civil se ha manifestado en diferentes documentos y declaraciones oficiales. La primera declaración al respecto data de 1986, y fue incluida en el informe de la Comisión Investigadora sobre el problema de las drogas en los Estados miembros de la Comunidad: “tendría que hacerse una continua revisión y discusión abierta (…) sobre la actitud y papel de la sociedad en lo referente a los adictos a las drogas y los efectos que las políticas de aplicación de la ley sobre los consumidores de drogas mismos”. Desafortunadamente, durante las últimas tres décadas ni el Consejo de la Unión Europea ni la Comisión Europea han puesto en práctica este compromiso. Se ha desviado la atención pública y parlamentaria de las consecuencias desastrosamente negativas de las actuales políticas, y nunca ha podido realizarse un debate sobre las lecciones que podrían extraerse de dichas consecuencias.

El artículo completo se puede descargar aquí: Instituciones europeas, participación de la sociedad civil y sociedades, científicas y de usuarios, en Markez, I. (Coord.). “Adicciones: Conocimiento, atención integrada y acción preventiva”. Madrid: AEN, ISBN: 978-84-95287-75-5, presentada en el XXVI Congreso de Salud Mental de la AEN, Valencia, 11-13 junio de 2015

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