Coletta Youngers trabaja desde 1987 analizando la política estadounidense de drogas e intentando cambiarla con optimismo y buen humor. Todo un ejemplo de integridad y pasión por el trabajo.
Texto: Virginia Montañés / Fotos: Jessamine Bartley-Matthews y WOLA
Extraído del número 195 de la revista Cáñamo
El gobierno de Estados Unidos es el arquitecto principal de la llamada guerra contra las drogas. ¿Cómo es la situación actual?
Mientras la política internacional sobre drogas sigue en piloto automático, en el ámbito doméstico hay cambios importantes en Estados Unidos. Primero, la Administración de Obama ha puesto mucho más énfasis en el tema de la demanda. Y un cambio muy, muy importante es la reforma en el sistema de salud, por medio de la Affordable Care Act. Por primera vez, el tratamiento para el uso problemático de drogas tiene que ser incluido en todos los programas de seguro de salud. Otro cambio importante es una preocupación creciente por los niveles de encarcelamiento y, específicamente, la cantidad de personas encarceladas por delitos de drogas menores.
Pero donde se ve más cambio es con respecto al cannabis. Ahora, más de la mitad de los estados en Estados Unidos tienen marihuana medicinal, han descriminalizado el uso de cannabis o las dos cosas. Y por supuesto, dos estados, Colorado y Washington, están en proceso de implementar mercados legales y regulados de cannabis. Lo importante es la tendencia. En las próximas elecciones, en noviembre, es muy probable que Alaska sea el tercer estado en legalizar el cannabis. Y en las elecciones presidenciales en el 2016 hay posibilidades en California y seis estados más.
Como has mencionado, los votantes de Washington y Colorado han aprobado la regulación del cannabis. ¿Cómo se pueden conjugar con la legislación federal?
En las elecciones estadounidenses de noviembre del 2012, en el estado de Washington, un 55,4% votó a favor de legalizar la producción, distribución y posesión de marihuana, y una iniciativa similar se aprobó en Colorado con el 54,8% de los votos. O sea, ¡en los dos estados el cannabis recibió más votos que Obama!
Sin embargo, la Ley Federal de Sustancias Controladas prohíbe la producción, venta y posesión de marihuana. El gobierno tiene a su disposición un abanico de instrumentos normativos. Por lo tanto, todos esperábamos la repuesta del Departamento de Justicia, que finalmente salió en agosto del 2013. Básicamente han dicho que no van a priorizar el uso de sus recursos para perseguir el cannabis en estos dos estados. Pero han dado una lista de “prioridades”.
¿Qué diferencias hay entre la propuesta de Washington y la de Colorado?
De hecho, hay más semejanzas que diferencias. Los dos estados están implementando el mismo modelo: mercados regulados por el estado con licencias al sector privado para el cultivo y venta de cannabis. En Colorado y Washington, las diferencias tienen que ver más con sus mercados actuales de marihuana medicinal. Colorado ha tenido un mercado más o menos bien regulado. Ahora, quienes han estado cultivando esta marihuana tienen la opción de seguir solo con marihuana medicinal, cambiar a marihuana recreativa o las dos opciones, aunque cada tipo de cultivo necesita una licencia propia. Colorado ya tiene una buena base construida para un mercado regulado eficaz. Washington, por el contrario, ha tenido un mercado de marihuana medicinal poco regulado. Otra diferencia importante es que Colorado ahora permite el autocultivo: cada usuario puede sembrar hasta seis plantas.
Al mismo tiempo, en California se están cerrando muchos dispensarios de cannabis medicinal. ¿Cuál es la lógica tras estos cierres?
Una cosa importante que hemos aprendido es que en modelos con muy poca regulación, como California, puede haber consecuencias no deseadas. Por ejemplo, la venta a menores, un crecimiento abrumador del número de tiendas, la desviación a otros estados, etc.
Por lo tanto, en los últimos años, todos los estados que han aprobado la marihuana medicinal han creado mercados con controles muy rigorosos. Y en estados como California hemos visto un contragolpe, donde poblaciones locales han exigido la eliminación de tiendas o restricciones a las mismas.
Por otra parte, Uruguay también ha aprobado la primera ley que regula totalmente el cannabis a nivel nacional. ¿Crees posible que otros países de América Latina secunden esta iniciativa?
A nivel regional, muchos países están poniendo atención a Uruguay, que va a ser el primer país del mundo con mercados legales y regulados para el cannabis. Ya hay iniciativas en otros países. Personalmente creo que cuando la iniciativa uruguaya esté en marcha y se den cuenta de que no resulta en un aumento del consumo o la delincuencia o todos los otros males señalados por la oposición, eso va a dar un impulso grande a iniciativas similares en otros países.
– Participas en un proyecto de investigación sobre el impacto de las políticas de drogas en cárceles latinoamericanas ¿cuáles son las principales conclusiones?
Soy parte del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD). Nuestra primera investigación sobre leyes de drogas y cárceles mostró como el énfasis de la fiscalización de drogas en sanciones penales ha dado lugar a un gran aumento del número de personas encarceladas por delitos de drogas. La aplicación de leyes severas para los delitos relacionados con drogas no ha sido solamente ineficaz para detener la producción, tráfico y consumo de sustancias ilícitas sino que ha generado consecuencias negativas, como la sobrecarga de tribunales y cárceles, y el sufrimiento de decenas de miles de personas tras las rejas por pequeños delitos de drogas o por su simple posesión. Estas leyes son totalmente desproporcionadas con respecto a otros delitos. En algunos países, se puede encontrar microtraficantes con penas más altas que un asesino.
– ¿Qué perfil de personas se encuentra en dichas cárceles?
El peso de las leyes de drogas se ha sentido con mayor fuerza entre los sectores más vulnerables: personas con poca educación, pocos recursos, desempleados o con trabajos informales. Las historias de los reclusos se caracterizan por la pobreza, y la crisis familiar o de salud en que se encontraban cuando se les presentó la posibilidad de obtener ingresos extraordinarios y superar su situación, a cambio de aceptar el riesgo de perder su libertad y su integridad física. De importancia particular, un número cada vez mayor de mujeres están encarceladas por delitos de drogas, muchas de ellas madres solteras. Además es importante reconocer que la gran mayoría de los encarcelados por drogas proceden de los estratos más bajos de la cadena del tráfico de drogas, no son las personas que disfrutan de las grandes ganancias. La llamada “guerra contra las drogas” es una guerra contra la gente pobre.
Virginia Montañés Sánchez 